¿De quién es la tierra realmente en Colombia?

 

Pronunciamiento en la Plenaria de la Cámara en el debate sobre el uso de la tierra en Colombia

 

Según el  INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  del total de predios rurales que están registrados: El 24%, le pertenece a un 97% de propietarios (3.5 millones de personas)  Y…El 61% de los predios están en cabeza 0.4% de propietarios es decir tan solo 15.273 personas.  LA MENOR CANTIDAD DE PROPIETARIOS POSEEN LA MAYOR ÁREA DE LA TIERRA EN COLOMBIA y LA MAYOR PARTE DE LOS PROPIETARIOS SE DISTRIBUYEN UN ÁREA MUCHO MENOR.


En medio de problemas de tierra, que en general estarían asociados a etapas de fundación de los estados, Colombia ha entrado en la era de la implementación de Tratados de Libre Comercio y con ellos de producción a gran escala, en algunos casos de productos y servicios vinculados a la tierra,.  Es decir, que las prácticas incontenibles y necesarias del comercio internacional se hacen más fuertes, sin que Colombia supere problemas ancestrales, como el de la distribución y la propiedad de la Tierra.

 

El problema de la tierra no es un problema sin rostro.  Tiene los rasgos y el sufrimiento de miles de colombianos y entre ellos, de los desplazados de Colombia, para quienes se  ha retrasado la restitución de la tierra u otras formas de reparación. También tiene la cara de campesinos, afrodescendientes e indígenas, que tienen en pequeñas extensiones su única expectativa de sustento y sobrevivencia.

Aun cuando se adopten medidas como la atención de urgencia, ésta sigue siendo una alternativa de medio y no de resultado, con graves problemas, como los problemas de acceso al registro en ACCION SOCIAL, la secuencia de nuevos desplazamientos urbanos que tiene que asumir una misma persona desplazada, las fallas en el sistema de reporte y vigencia de beneficios, riesgos en seguridad y protección, y la desconfianza de estas víctimas hacia las entidades estatales y la calidad de la atención que en ellas reciben.

 

Si estas soluciones de medio tienen problemas, las salidas definitivas están aún más lejos de lo que se requieren. Mientras se amplían grandes áreas sembradas en biocombustibles y aumenta explotación minera, se generan riesgos en materia de seguridad alimentaría y nuevas inequidades en posesión, tenencia y propiedad de la tierra, que, en parte, podrían explicar que entre 1999 y 2007 alrededor de 380.000 familias hayan sido despojadas de 5,5 millones de hectáreas.

 

El entre tanto para los desplazados es un trasegar diario que puede ir desde portar bajo sus brazos sentencias de tutela falladas en su favor que ordenan desde la ayuda humanitaria hasta estabilización socioeconómica, sin que el documento judicial pueda convertirse en una transformación efectiva de la realidad.

 

Aunque el gobierno ha aumentado los recursos para atender a la población desplazada y aunque la Corte Constitucional ha ordenado más medidas para protegerla, esta claro que aún no se da en Colombia la restitución de tierras, ni otra solución jurídica y política que haga posible el retorno de las familias a sus lugares de origen o, por lo menos, su reparación.

 

La verdad es que la reparación a la población desplazada requiere inmediatez, por eso consideramos y esperamos que con el compromiso asumido por el nuevo Gobierno, los procesos de extinción de dominio sean más expeditos y las familias campesinas puedan recuperar las tierras. En ese proceso, es indispensable el concurso del Gobierno en todos sus niveles y de los propios jueces.  A ello, tampoco puede ser indiferente el Legislativo, avalando proyectos y ejerciendo controles que generen beneficios concretos para los desplazados, como el propuesto por el Movimiento político MIRA para las madres cabeza de familia victimas de la violencia, que infortunadamente fue archivado ayer por una votación mayoritaria pero inexplicable, que ojalá modifique su posición frente a  futuras iniciativas.

 

Gloria Stella Díaz Ortíz

 

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