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Presentación Proyecto No. 335 DE 2017 . Valorización

Presentación PROYECTO No. 335 DE 2017  “Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local para la construcción de un plan de obras”.

Una vez estudiado el proyecto 335 de 2017 que establece el cobro de Valorización por beneficio local para Bogotá, en nombre de la Bancada del Partido Político MIRA, realizamos las siguientes observaciones:

  1. El proyecto No solamente es inconveniente sino totalmente inoportuno, dada la situación económica del país luego de una reforma tributaria, y de las acciones que ha emprendido la actual Administración de Bogotá, comenzando con la desastrosa reestructuración de la salud, siguiendo con la subida de las tarifas de transporte para el Transmilenio y SITP, la reducción de los subsidios de transporte para adultos mayores y población con discapacidad, y completando en los últimos días con el incremento en las tarifas de los parqueaderos.

Claro, lo anterior sin contar las otras medidas gravosas que muy seguramente vendrán pronto: como son los peajes urbanos, el cobro del alumbrado público, los cobros por congestión y la contribución a los parqueaderos, las cuales fueron aprobadas por la mayoría del Concejo en el Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos.

 

  1. Nos preocupa que el proyecto, vulnera normas específicas en materia de Valorización como es el Acuerdo 7 de 1987 (Estatuto de Valorización de Bogotá), cuando por ejemplo:
  1. Aumenta el plazo para iniciar las Obras a 3 años, contraviniendo el máximo establecido en el Estatuto de 2 años, con lo cual las comunidades no van a ver oportunamente construidas las obras por las que pagaron puntualmente.

 

De acuerdo con el artículo 89 del Estatuto de Valorización:

“Artículo  89º.- Imposición. La contribución de valorización se puede imponer y hacer efectiva, antes de iniciar la obra o conjunto de obras, en el curso de su ejecución, o una vez concluidas.

 

Si la contribución se impone antes de iniciar una obra, el Instituto tendrá un plazo máximo de dos (2) años para iniciar la construcción de la obra, transcurridos los cuales si no se iniciare, se procederá a devolverla incrementada con la misma tasa de interés de financiación con que se haya recaudado”

 

A pesar del anterior mandato, y sin tener competencia la Administración para cambiar el plazo vía decreto, pretende que el concejo a través de Acuerdo modifique el Estatuto de valorización proponiendo dentro del proyecto lo siguiente:

 

ARTÍCULO 4.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. Las obras que se financiarán con cargo a la Contribución de Valorización, establecidas en el artículo anterior, y contenidas en el Anexo No. 1 de este Acuerdo, tendrán como plazo máximo para iniciar la etapa de construcción el término de tres (3) años contados a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de la contribución de valorización.

 

Aunque para la Administración sea conveniente ampliar plazos con el fin de cumplir más fácil los cronogramas, para la comunidad y la ciudad es totalmente inconveniente; debido a que al ampliar los plazos de inicio de obra se encarecen más los costos de las obras, se demora el beneficio de la misma a la comunidad y se afecta la buena cultura de pago de los bogotanos.

 

Por su parte el Contralor de Bogotá, con motivo de los retrasos en las obras de valorización, calificó la situación como “en extremo grave”, al verificar que la administración distrital a la fecha no ha realizado las obras que dieron origen a esta contribución y los trabajos inconclusos no solo afectan a los ciudadanos contribuyentes, sino que pone en riesgo fiscal a la ciudad ante un eventual nuevo incumplimiento”.

Por todo lo anterior, consideramos entonces que la Administración Distrital debe sujetarse a lo prescrito por el Estatuto de Valorización.

 

  1. Desconoce la participación ciudadana en procesos de Valorización. El proyecto no contempla la elección de representantes de los propietarios de predios en la zona de influencia y la conformación de la Junta de vigilancia a la Valorización, ordenados en el Estatuto de Valorización (artículos 15 al 38), con el fin de opinar sobre las zonas de influencia y hacer veeduría a las obras en construcción, con lo que se podría estar destinando a Bogotá a repetir la historia del cobro de valorización del Acuerdo 180 de 2005.

 

De acuerdo con el artículo 15 del actual Estatuto de Valorización, los propietarios y poseedores de los inmuebles comprendidos en la zona de influencia provisional de una obra (ejercicio que se debe hacer de manera previa a la delimitación de la zona de influencia definitiva de la obra), plan o conjunto de obras, por los cuales ha de exigirse la contribución de valorización, serán citados por el Instituto de Desarrollo Urbano para que elijan sus representantes, quienes participarán en el proceso de:  i) determinación de la zona de influencia, ii) en la elaboración de los presupuestos o cuadro de valores, iii) en la determinación del costo de la obra, iv) la distribución de la contribución, v) en la vigilancia de la inversión de los fondos destinados a la misma, y en vi) la liquidación, terminación y entrega de la obra, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto.

 

No obstante lo anterior, en  ningún momento se evidencia que en la actualidad la Administración se  haya dado a la tarea de involucrar a la comunidad, consideramos que este tipo de procesos son fundamentales para la realización de los proyectos, toda vez que revisten de legitimidad un eventual cobro de valorización.

 

En la misma forma, este tipo de actos, tales como la elección de unos representantes de los beneficiados y la conformación de una junta de vigilancia de las obras a realizar, dota de transparencia al proceso y, contrario a lo que se pueda llegar a pensar, si se desarrollan de la manera adecuada, pueden agilizar el proceso de recaudo y, por ende de inicio de las obras.

A pesar de todo lo anteriormente dicho, no evidenciamos que este proceso se haya evacuado en el presente proyecto de Acuerdo.

 

A diferencia de Bogotá, donde la Administración cierra la puerta a la comunidad, en otras ciudades, las abren de par en par, incluyendo la participación ciudadana en sus estatutos de valorización, como es el caso de Medellín (Acuerdo 58 de 2008), Cali (Acuerdo 178 de 2006) y Barranquilla (Decreto 223 de 2011), entre otras.

 

  1. El proyecto va en contra de la ley. Nos preocupa que el proyecto de valorización al no reconocer la participación ciudadana, no solo vulnera el Estatuto de valorización (Acuerdo 7 de 1987) sino también la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana No. 1757 de 2015 que promueve, protege y garantiza la participación ciudadana, el control social (Art. 60 y ss.) y determina incentivos a la participación ciudadana (Artículo 101), con lo cual los representantes de la comunidad pueden recibir los incentivos económicos establecidos en el estatuto de valorización por realizar su labor de vigilancia en aras de evitar un nuevo carrusel de la contratación en la valorización.

 

  1. No más “pagar primero y ver las obras mucho después o no verlas nunca”. La historia en Bogotá nos ha demostrado que las obras de valorización en ninguna manera se ejecutan cuando se tienen previstas, ni mucho menos cuestan lo presupuestado. Pero sí se les cobra puntualmente a los propietarios 2, 3 y hasta 5 años antes de que ellos vean realizadas las obras.

 

Con obras del Acuerdo 180 de 2005, se observaron sendos retrasos en el inicio, construcción y terminación de las mismas.  Por dar un solo ejemplo, la Avenida Santa Lucia, tuvo 4 años de retraso. Los contribuyentes pagaron cumplidamente y solo cuatro años después pudieron ver la vía construida.

 

Lo anterior nos lleva a reflexionar que antes de pensar en cobrar una nueva valorización debemos actualizar el estatuto de valorización, con el fin de evitar que esos sucesos se repitan y optar de ahora en adelante por “Primero hacer las obras y luego si cobrarlas”

 

Asimismo, se debe garantizar la participación ciudadana, porque pareciera que esta Administración gobierna de espaldas a la comunidad. De manera inconsulta fija proyectos de valorización. Tal es el caso de los andenes de la Carrera 15 entre calles 100 y 127, los cuales la gente ya pagó en la valorización del Acuerdo 180 de 2005 y ahora pretende volver a cobrar para hacer una cicloruta sobre los mismos andenes.

 

Nos preguntamos: ¿será que la administración consultó a la comunidad si está de acuerdo con estas obras? O acontecerá como ocurre con las construcciones de colegios en los parques de la ciudad, donde el alcalde mayor asegura que la gente estuvo de acuerdo, cuando en realidad, como ocurre en Suba, Mirandela y Normandía, la comunidad nunca estuvo de acuerdo y por el contrario se encuentra protestando por la pérdida de espacios recreativos para la infancia y los adultos mayores.

 

Para finalizar, exhortamos a la administración a retirar el proyecto de valorización hasta tanto no se terminen las obras ya pagadas en valorizaciones anteriores y las aprobadas en el cupo de endeudamiento, abrir espacios de concertación con la comunidad para priorizar las obras a ejecutarse y que en la próxima valorización “Primero se hagan las obras y después se cobren”, teniendo en cuenta el beneficio brindado a la gente y la capacidad de pago de los contribuyentes”. Es el momento para que el Alcalde Mayor garantice la participación ciudadana y deje de gobernar de espalda a la comunidad”

 

Ver video :  https://www.youtube.com/watch?v=D8YveGtdgxA

 

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