Puja en Congreso para castigar conductores ebrios

Se tramitan dos proyectos con el mismo propósito porque sus autores no se ponen de acuerdo.

Ante el incremento en las últimas semanas de los accidentes de tránsito causados por conductores ebrios, el Congreso de la República decidió ponerse la camiseta de las víctimas e intentar meterlos en cintura. El fin de semana, unos 1.000 conductores fueron multados por manejar en estado de embriaguez. El-Tiempo-Nueva-Imagen4


El pasado miércoles, en menos de media hora, dos iniciativas encaminadas a castigar a estas personas comenzaron a rodar en el Legislativo.

En la Cámara se desempolvó una iniciativa de la representante del Movimiento Mira Gloria Stella Díaz, y en el Senado se radicó nuevamente el proyecto de ley del congresista de ‘la U’ Roy Barreras, el cual fue hundido hace dos semanas en esa corporación.

Ayer, el director de Tránsito y Transporte de la Policía, general Rodolfo Palomino, reveló que entre viernes y sábado fueron multados 496 conductores ebrios en todo el país, y que en la madrugada de ayer cayeron 500 más.
Preguntas

1. ¿En qué consiste su proyecto?
2. ¿Qué diferencias tiene con el otro proyecto de ley?
3. Si tienen el mismo propósito, ¿por qué no los unen?
4. ¿Quiénes respaldan su proyecto?
5. ¿Un tema tan trascendental para la gente no se está convirtiendo en oportunismo político?

Roy Barreras: ‘Aquí lo importante es proteger la vida’

1. Establece el arresto para el conductor ebrio, para evitar que mate a alguien o que se mate. Modifica el Código Penal al establecer el tipo penal de arresto, que no existe. Establece un aumento en la pena para quien, conduciendo ebrio, mate a una persona, y la determina entre los 5 y 15 años para que no sea excarcelable. Pero además hay un agravamiento punitivo para quien se escape del lugar del accidente y el que tenga una licencia falsa.

Este proyecto también implementa la condena para quien ocasione lesiones personales graves, obliga a la práctica de prueba de alcoholemia en el momento y, si el conductor no lo permite, se considerará como agravante.

También agravaremos la pena para el funcionario público que conduzca ebrio o para quien, bajo los efectos del alcohol, maneje transporte público o escolar. La detención preventiva solo cobijaría a quien sea sorprendido con más de 80 miligramos por decilitro en sangre, que equivale a cinco cervezas en una hora.

2. No lo conozco, pero agradezco el interés que han mostrado ahora en la Cámara, es algo muy positivo. Entiendo que va en el mismo sentido.

3. Se deben sumar todas las iniciativas, porque aquí lo importante es proteger la vida.

4. Tiene el respaldo del Gobierno, de los partidos de la Unidad Nacional, de más de 5.700 familiares de víctimas mortales cada año por accidentes de tránsito y de la Asociación Nacional de Víctimas de la Violencia Vial, que realmente es la autora de la iniciativa.

5. No voy a decir que la voluntad de la Cámara, justo cuando anuncié que presentaría de nuevo mi proyecto, se pueda considerar como oportunismo. Por el contrario, lo que hago es agradecerle en nombre de las víctimas porque la iniciativa que estoy promoviendo es de autoría de ellas. Además, nosotros llevamos tres años trabajando con este proyecto.

Gloria Stella Díaz: ‘No le estoy quitando la idea a nadie’

1. Este proyecto busca que en Colombia se acabe el beneficio de la casa por cárcel para los conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica le causen la muerte o la lesión a una persona. Esto tiene que ver con la Ley 1326 del 2009, en la que se endurecen las penas, entre 4 y 27 años, para los conductores borrachos que causen muerte o lesión.

2. Germán Varón, codirector de Cambio Radical, tiene la idea de que a este proyecto se le acumule el del senador Roy Barreras. La diferencia es que el de Barreras busca que haya arresto de 8 a 30 días para los conductores que sean capturados bajo los efectos del alcohol.

Hago una precisión: son los partidos los que quieren que la iniciativa de él se acumule a la del Mira, porque he escuchado al senador Roy Barreas con incomodidad, diciendo que le estamos ‘raponiando’ la idea. Yo no le estoy quitando la idea a nadie porque este proyecto lo habíamos presentado, tal cual, el 20 de julio del 2010 y se había hundido en la Cámara.

3. No es el mismo propósito, porque lo que nosotros buscamos es quitarle el beneficio de la casa por cárcel a quien en un accidente de tránsito cause muerte o lesión manejando bajo los efectos del alcohol, y Roy Barreras lo que está diciendo es que haya un arresto de 8 a 30 días para la persona que sea encontrada simplemente bajo los efectos del alcohol. Él no habla ni de muertos ni de lesionados. No es un mensaje sano para las víctimas que, mientras la persona está con su familiar, en el peor de los casos enterrándolo, el victimario esté disfrutando con su familia.

4. Todos los partidos que tienen asiento en el Congreso.

5. He hecho ese llamado y quiero decirlo de esta manera: les hago una invitación al senador Roy Barreras y a todos los congresistas a que le quitemos a este tema el color partidista. Hay que trabajar con solidaridad por las víctimas de los accidentes de tránsito. No pueden utilizarse para hacer proselitismo político.

En su casa, alcalde que mató borracho a ciclista

En detención domiciliaria permanecerá José Fidel Vega, el alcalde de Nemocón (Cundinamarca), tras conducir embriagado un carro oficial y acabar con la vida del ciclista Danny Guzmán, en la noche del pasado viernes. La decisión de un juez de garantías de Zipaquirá, de otorgarle la casa por cárcel, produjo el rechazo inmediato de los familiares de Guzmán Criollo.

“Es una total y completa vergüenza, porque como seres humanos sabemos que cometemos errores, pero no se deben perdonar de esta manera”, dijo Isabel Castañeda, tía de la víctima.

El argumento por el que el juez otorgó la detención domiciliaria se debió a su condición como alcalde y a que no registraba antecedentes.

A la acusación hecha por el abogado de Vega, que aseguraba que previo al accidente el Alcalde fue interceptado por un retén y a pesar de su estado lo dejaron seguir, el general Rodolfo Palomino, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, anunció que interpondrá una denuncia penal.

El sábado en la tarde, la Fiscalía acusó a Vega de homicidio con dolo eventual, un delito por el que el Alcalde podría pagar una pena entre 17 y 37 años de prisión.

Por ahora, el mandatario tendrá que permanecer en su casa en Zipaquirá, mientras se programa la audiencia de acusación. La Gobernación de Cundinamarca tendrá que nombrar un burgomaestre encargado.

 

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