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Bancada Miraísta se pronuncia en la Plenaria de la Cámara

Vea el texto completo de la constancia de la Bancada Miraísta, pronunciada por la Representante a la Cámara, Gloría Stella Díaz  en la Plenaria de la Cámara.

 

La violencia en el tránsito se ha constituido en una de las causas principales de muerte en Colombia. Los expertos lo llaman una alerta epidemiológica o una pandemia, que en términos comunes y corrientes equivale a decir que es una enfermedad de todo un pueblo.

De los miles de muertos y heridos que viene generando la movilidad por las vías y carreteras de Colombia, que involucra a peatones, motociclistas y conductores de automotores, sin lugar a dudas la mayor parte tienen origen en el factor humano. Uno de esos comportamientos es el de tomar bebidas alcohólicas y conducir.

Según el Consejo Europeo de Seguridad Vial, el riesgo de perder la vida en comparación con el de una persona que viaja en automóvil, es 8 veces mayor en el caso de un ciclista, 9 veces mayor en el de un peatón y 20 veces mayor en el caso de un motociclista. Si a esto se agrega que en cualquiera de esos casos, las personas están bajo los efectos del alcohol, se encuentra que la enfermedad del pueblo es mucho más aguda, especialmente al encontrar que Colombia tiene según el informe “Conducir y Tomar” de la Organización Mundial de la Salud, uno de los niveles más altos de “bebedores pesados” del Mundo, es decir, personas que beben a diario o que exceden  la cantidad de licor en cada ocasión que lo consumen:  Mientras en India ese nivel es del 1.4% en Colombia es del 31.8%.

Esta situación plantea retos inmediatos de salud pública, seguridad vial,  y de acción coordinada del Estado. Por ello, la Bancada del Movimiento Político MIRA,  como autora de la Ley 1326 de 2009 en la que se aumentaron las penas de las lesiones y el homicidio culposo cometido en accidente de tránsito por conductores que bajo el efecto de alcohol u otras sustancias, expresa su preocupación y solidaridad con las víctimas de todo accidente de tránsito.  Los sucesos ocurridos el pasado viernes 20 de agosto en los que un conductor que manejaba su vehículo en estado de embriaguez grado II, como lo determinaron las autoridades, causó la muerte a una señora y dejó gravemente heridas a otras 5 personas, son un nuevo llamado a la sociedad en general y a las autoridades, porque éstos no son hechos aislados u ocasionales.

Según el Fondo de Prevención Vial y la Policía de Carreteras, en lo corrido del año 2010, en Bogotá se han registrado 352 eventos en los que el tránsito deja el saldo lamentable de 30 personas muertas y 675 heridos. En todo el país se han presentado 917 situaciones del mismo tipo, dejando como resultado 219 fallecidos y 1.179 lesionados. Además de lo anterior, la Policía de Carreteras informó que ha sorprendido a 20.394 conductores en estado de embriaguez.

Las sanciones para los causantes de estas situaciones pueden llegar a 27 años de cárcel, y a pagar cerca de un millón de pesos por concepto de la multa correspondiente, y a la suspensión de la licencia de conducción hasta por 10 años, o a la cancelación definitiva de la misma, de acuerdo con la Ley 1383 de 2010, que en este aspecto impulsó la bancada del Movimiento MIRA.

Sin embargo, ante la continua ocurrencia de nuevos hechos de violencia vial, el Movimiento MIRA radicó el pasado 20 de julio un Proyecto de Ley que pretende eliminar la posibilidad de tener la detención domiciliaria o libertad condicional en cualquier etapa del proceso a las personas que causen accidentes con resultados de muertes o heridos, tanto bajo los efectos del alcohol como también si se comprueba exceso de velocidad, conducción en contravía o irrespeto a las señales de tránsito.

Con estas cifras, sobra explicar por qué el Congreso de Colombia debería acompañar esta iniciativa, pues es necesario que a las víctimas de la violencia vial y a la ciudadanía en general, se les garantice un proceso y una sentencia justos.  Pero al lado del incremento de penas, el reto continúa con la atención a la seguridad vial de forma integral y a la atención del consumo de bebidas alcohólicas como asuntos propios de la salud pública.

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