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Pronunciamiento dosis mínima de la Representante a la Cámara por Bogotá Gloria Stella Díaz ante la plenaria

Nuestro acompañamiento a este proyecto queremos hacerlo precisando las siguientes consideraciones:

1. Ponderación entre Libertad e Intervención Estatal

Las medidas para refrenar la conducta nociva del individuo y buscar su rehabilitación son necesarias porque:

a. El interés general se ve afectado. El consumidor o el adicto, que han decidido intoxicar su propio organismo, se encuentran en estados en los que gradualmente se ven anulados su conciencia y su dominio propio, y la comunidad en general corre el riesgo de ver proyectada sobre sí misma los negativos efectos de esta perturbación mental que causa la sustancia en el consumidor o adicto.

El ICBF señala que en el mes de Mayo de 2008, en una muestra de 18 instituciones que atienden adolescentes en conflicto con la ley, se encontró que el 78% de los adolescentes reportados han consumido algún tipo de sustancia legal o ilegal.

b.
La preservación de la familia está en riesgo. El consumo de drogas está relacionado con el incremento de la violencia intrafamiliar, se pierden los sentidos de responsabilidad y de juicio y elimina los valores. Consideramos que es una contradicción invocar los derechos individuales en desmedro de la concepción institucional de familia.

Para el miraísmo la Familia es el fundamento de la sociedad. La Constitución Política, reconoce y ampara a la familia como la institución básica de la sociedad, pero este amparo se diluye entre otras, por causa de los efectos negativos que produce el consumo de drogas por parte de cualquiera de sus miembros.

El Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia de Febrero de 2009 por el Ministerio de la protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes señala que el consumo de droga ilícita en el último año es muy superior entre la población de 12 a 34 años.

c.
El Estado actúa frente a la conducta individual para beneficio
El Estado dentro de la ponderación citada con anterioridad entra a  regular la conducta social de la persona individual dentro de la que se mueve el consumidor de la dosis mínima, y los derechos de la comunidad, bajo el entendido de que no se trata tan sólo de una mera libertad individual sino de una libertad que puede afectar la expresión colectiva de sus asociados, razón por la que en una preocupación legítima, las medidas que se consagran tienen una clara concepción de beneficiar tanto a la sociedad como al individuo afectado por la adicción al consumo.

No obstante, pensamos que el papel del Estado debe ir mucho más allá de la prevención del consumo. El papel del estado debe apuntar a la implementación de centros no sólo de prevención sino de verdadera rehabilitación que le brinden al individuo beneficios en el tratamiento tanto dentro del ámbito de la salud como en lo social, ya que si no se contempla la posibilidad real de implementar estos centros que integren estas políticas, equivaldría a que la recuperación del individuo sea dudosa, y este actuar benéfico del Estado se quede corto frente a la realidad que enfrenta en materia del consumo de sustancias.

2. Dosis mínima contradice políticas antidrogas del Gobierno y del Estado

La despenalización de la dosis mínima favorece la disponibilidad de las sustancias ilegales y esto contribuye a incrementar e incentivar el consumo y por tanto su producción, tráfico y comercialización.

Todavía no entendemos cuál es la base técnica, estadística o científica que sustente que la tolerancia con el consumo de la dosis personal, no incrementará las otras partes de la cadena. Por el contrario, cuando se despenalizan algunas conductas, en la práctica se va caminando hacia una liberalización o permisión total.

Es cierto que la drogadicción es un problema médico porque conlleva generalmente a la adicción, trastornos y enfermedades. Pero también es cierto que es un problema de orden público, porque i) está ligado al tráfico y a la comercialización de sustancias prohibidas y ii) porque el adicto no está solo en este mundo, sino que hace parte de un entorno público comunitario.

3. Propuestas
 
a.
Desde nuestro punto de vista existe un vacío jurídico en la iniciativa frente a la sanción que debe derivarse de la prohibición al consumo. Por ello planteamos la conveniencia de retomar la propuesta inicialmente planteada en el proyecto sobre la responsabilidad que asumiría el Estado de implementar la creación y el funcionamiento de centros especializados en prevención y rehabilitación como medida de tratamiento para personas adictas, porque consideramos que la iniciativa esta planteando un concepto de Justicia Restaurativa que el Estado debería asumiría no solamente para con la sociedad, sino para con el individuo como tal.

b.  Ya que el Estado esta asumiendo la responsabilidad de velar no sólo por el adicto sino también por su familia, consideramos que esta propuesta no se debe quedar tan sólo en el fortalecimiento en valores y principios sino que el esfuerzo debe ir más allá, y se debe garantizar el tratamiento de la persona adicta dentro de las situaciones que requieren atención obligatoria en salud.

Muchas gracias Gloria Stella Díaz
Movimiento Político MIRA

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